Y AQUÍ, ¿CUÁNDO?

Dos de ellos llegaron a coserse la boca. Era su denuncia a la inutilidad de hablar. Esta renuncia a la cualidad más específicamente humana –el lenguaje– quería ser expresión del muro de sinrazón que les alzaba el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, más drástico en su decisión unilateral de prohibir los toros en su ciudad, que en erradicar los altísimos niveles de delincuencia y violencia urbana en la misma.

 A don Gustavo no le gustan los toros, así que, con una diligencia inusual en otros muchos asuntos de su gobierno, tomó por su cuenta la decisión de rescindir el contrato que el Ayuntamiento tenía con la empresa de la plaza Santa María de Bogotá, pese a estar en vigor hasta el 2015, y cerrar a cal y canto el coso taurino. “Antes renuncio a la alcaldía, que permitir se celebren espectáculos taurinos en esta plaza”, así de contundente se expresó el señor Alcalde ante la huelga de hambre llevada a cabo por un grupo –mi respeto, valientes– de novilleros colombianos en protesta contra la arbitrariedad que les negaba su futuro y el ejercicio de su profesión en el corazón taurino de Colombia.

Ahora le ha llegado el turno de demostrar la autenticidad de sus amenazas, porque la pasada semana la Corte Constitucional, el más alto tribunal de la nación, a requerimiento de la demanda interpuesta por Felipe Negret, como director general de la Corporación Taurina de Bogotá, se pronunció de manera tajante a favor de la reapertura de la plaza y de la reanudación de la actividad taurina en ella, declarando incompetente a la alcaldía para adoptar tales decisiones administrativas. Estamos pues a la espera de que el alcalde Petro presente su dimisión irrevocable, hecho que, hasta la fecha y pese a los días transcurridos desde la publicación de la sentencia, aún no se ha producido.

De la lectura de esta sentencia, pueden extraerse algunas consecuencias de natural aplicación en el caso de la prohibición de los toros en Cataluña, si es que nuestro Tribunal Constitucional tiene a bien pronunciarse sobre el recurso presentado, va ya para cuatro años, por el senador Pío García Escudero.

En ella se afirma que la cultura es un bien constitucional –lo mismo que aquí–, protegido en el ordenamiento jurídico en sus distintas formas de manifestación, entre ellas los espectáculos taurinos. También hace hincapié en que la tauromaquia posee rango legal, regulada por el vigente Reglamento Nacional Taurino, y que la plaza Santa María ha sido legalmente destinada como escenario de espectáculos taurinos en Bogotá y calificada como de primera categoría. Cambie el lector “Santa María”, por Monumental de Barcelona o Illumbe, y Bogotá por Barcelona o San Sebastián, y el texto de la histórica sentencia colombiana parecería escrito ex profeso para devolver el derecho constitucional de todos los españoles que lo deseen a organizar, intervenir o presenciar espectáculos taurinos en todo el territorio nacional.

¿Tendremos que esperar mucho tiempo para que nuestro Tribunal Constitucional se pronuncie a este respecto? ¿Y de la ILP presentada en el congreso por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, en marzo hizo dos años, qué se ha hecho?… ¡Ay! La esperanza viene de Bogotá, pero el tancredismo sigue (de)morando en nuestras instituciones.

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